La junta abordó las bajas tasas de registro de pozos y el hundimiento significativo del suelo que podría desencadenar restricciones de bombeo, mientras desarrollaba costosos programas de monitoreo de la calidad del agua bajo presión estatal. Las decisiones clave incluyeron mantener el liderazgo actual, posponer las sanciones por registro y continuar las discusiones presupuestarias para tarifas preliminares de bombeo de $21 por acre-pie.
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