La junta aprobó un aumento significativo en la tasa de evaluación a $179 por acre (subiendo desde $140.50) para financiar la compra de agua y mantener el flujo de efectivo, representando el máximo permitido bajo su elección previa de la Proposición 218. El distrito continúa bajo la supervisión de la junta estatal con una solicitud de exclusión pendiente y enfrenta desafíos continuos con solo un 51% de cumplimiento en el registro de pozos entre los propietarios de tierras.
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