La junta aprobó un acuerdo de reparto de costos para los servicios de monitoreo del uso de la tierra y comenzó a formar comités para desarrollar evaluaciones para los propietarios de tierras. Los reguladores estatales están presionando para que se realicen cambios en el acuerdo de gobierno de la Autoridad para garantizar el compromiso a largo plazo con la gestión de aguas subterráneas.
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